¿Quién paga el costo real?
La reciente escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y México es solo una pieza más en el complejo rompecabezas que une cuestiones económicas, migratorias y de seguridad. Bajo la superficie de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, se ocultan tensiones profundas relacionadas con el tráfico de drogas, el flujo de armas y la crisis migratoria que sigue agudizándose en la frontera. Estos problemas, aunque usualmente tratados como asuntos independientes, están interconectados de manera inseparable.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de desplegar 30,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, en respuesta a la amenaza de aranceles del 25% por parte de Trump, es un reflejo de la continua presión de Estados Unidos para que México asuma el papel de contención migratoria. Esta militarización, aunque presentada como una medida de «seguridad», invisibiliza la crisis humanitaria que enfrenta la región. Miles de migrantes, muchos de ellos huyendo de la violencia y la pobreza en Centroamérica, quedan atrapados en un limbo, enfrentando extorsiones, secuestros y condiciones indignas.
Pero la militarización de la frontera no es una solución real; es un paliativo político. Los flujos migratorios no se detienen con patrullas armadas, sino con políticas integrales que aborden las causas estructurales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la inseguridad y el debilitamiento de las instituciones democráticas en los países de origen.
Por otro lado, el combate al tráfico de drogas sigue siendo una moneda de cambio en las negociaciones entre México y Estados Unidos. La promesa de Sheinbaum de enviar 10,000 soldados para enfrentar el narcotráfico parece responder más a la presión comercial que a una estrategia genuina para combatir este flagelo.
Sin embargo, el enfoque militarizado ha demostrado ser un fracaso rotundo. Desde el inicio de la «guerra contra las drogas» hace más de una década, la violencia en México se ha disparado, sin lograr una reducción significativa en el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos. La demanda de drogas en el país vecino sigue siendo el motor principal del problema, una realidad que rara vez es reconocida en el discurso político estadounidense.
Mientras México es constantemente señalado por su papel en el tráfico de drogas, Estados Unidos rara vez asume su responsabilidad en el tráfico de armas. Las armas de alto poder que circulan en territorio mexicano provienen, en su gran mayoría, de Estados Unidos, donde las leyes de control de armas son laxas y el negocio armamentístico cuenta con un poderoso lobby.
Estas armas no solo alimentan la violencia entre cárteles, sino que también se utilizan contra las fuerzas de seguridad y la población civil en México. Sin un compromiso firme de Estados Unidos para frenar este flujo de armamento, cualquier esfuerzo de México para combatir el narcotráfico estará condenado al fracaso.
El contexto actual evidencia la necesidad de un cambio de paradigma. México no puede seguir cediendo a las presiones de Estados Unidos para militarizar sus fronteras y asumir unilateralmente la carga de problemas que son, en esencia, binacionales. La migración, el tráfico de drogas y el tráfico de armas son fenómenos transnacionales que requieren soluciones conjuntas.
Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en la demanda de drogas y el tráfico de armas. Por su parte, México necesita abandonar el enfoque militarizado y apostar por políticas que promuevan el desarrollo económico, el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los derechos humanos.
En el fondo, la verdadera pregunta es: ¿Cuánto tiempo más estaremos dispuestos a pagar el costo de políticas que solo perpetúan la violencia y la desigualdad? La respuesta no puede seguir siendo la misma.
Por: Angel Flores
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