«OPERACIÓN FRONTERA NORTE

La Operación Frontera Norte, implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado debate sobre su verdadero propósito. Se anunció como una medida para frenar el tráfico de drogas, armas y personas en la frontera con Estados Unidos, pero su contexto sugiere que también responde a la presión del presidente estadounidense Donald Trump.

El despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la zona fronteriza ha dado resultados inmediatos. En la primera semana, se han detenido a 222 personas, decomisado más de 1,200 kilos de droga y asegurado 106 armas de fuego. También se ha logrado la captura de un alto mando del Cártel de Sinaloa y la incautación de un tráiler con metanfetamina y cocaína en Tijuana.

El gobierno de Sheinbaum ha enfatizado que esta es una estrategia de seguridad para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la rapidez con la que se implementó y la coincidencia con las amenazas de Trump sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos hacen cuestionar si esta es realmente una decisión soberana o una respuesta obligada por la política exterior de Estados Unidos.

No es la primera vez que México ajusta su estrategia de seguridad en función de las presiones de su vecino del norte. En 2019, el entonces presidente López Obrador desplegó a la Guardia Nacional en el sur del país para frenar la migración centroamericana después de recibir amenazas de sanciones económicas por parte de Trump. Ahora, el escenario se repite con un despliegue militar en la frontera norte, pero con el argumento de combatir el narcotráfico.

Mientras el gobierno celebra los resultados del operativo, surgen dudas sobre sus implicaciones. La militarización de la frontera podría derivar en violaciones a los derechos humanos y afectar a comunidades locales. Además, el crimen organizado suele adaptarse rápidamente a nuevas estrategias de seguridad, por lo que no está claro si estos golpes iniciales tendrán un efecto duradero.

Más allá de los números y los operativos, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. ¿Hasta qué punto México está tomando decisiones de manera autónoma y hasta qué punto sigue reaccionando a la agenda de Estados Unidos? La lucha contra el crimen organizado es una prioridad, pero si las políticas de seguridad están dictadas desde Washington, el país podría terminar reforzando su dependencia en lugar de fortalecer su soberanía.