México es un país donde los desaparecidos se buscan a sí mismos a través de las manos incansables de sus madres, padres y hermanos. Un país donde la justicia es un concepto abstracto y la impunidad es la única constante. La reciente revelación de un nuevo centro de exterminio en Jalisco, utilizado por el crimen organizado para deshacerse de personas reclutadas a la fuerza mediante ofertas de empleo falsas, es solo la más reciente prueba de que este país sigue sumido en la barbarie.
Las promesas de campañas electorales sobre seguridad y combate al crimen han demostrado ser simples discursos vacíos. No importa si gobierna la izquierda, la derecha o el centro: el terror continúa. Mientras los políticos pelean por el poder, las familias recorren terrenos baldíos, basureros y fosas clandestinas con la esperanza de encontrar un hueso, una prenda, cualquier indicio que les permita darle un entierro digno a sus seres queridos.
El caso del rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron hornos crematorios improvisados y pertenencias de víctimas, es un reflejo de la indiferencia estatal. La existencia de al menos 18 sitios de exterminio similares en el país confirma que México es un territorio donde el crimen no solo opera, sino que gobierna. Las autoridades se han limitado a reaccionar tarde, cuando el daño ya está hecho. Es indignante que sean las madres, agrupadas en colectivos, quienes encuentren primero las fosas y no las instituciones que supuestamente existen para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Y si la desaparición ya es de por sí una tragedia, el proceso de reclutamiento forzado por parte de los cárteles es aún más aterrador. A través de anuncios engañosos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, los delincuentes captan jóvenes con falsas promesas de empleo. Cuando caen en la trampa, son obligados a trabajar para el crimen organizado o asesinados si se resisten. No es una historia de película: es la realidad cotidiana de un país que ha normalizado la muerte.
¿Dónde está el Estado cuando estas personas son captadas? ¿Dónde están las instituciones cuando los cuerpos aparecen calcinados? La respuesta es desoladora: el Estado mexicano no está. Se ha desvanecido entre trámites burocráticos y discursos oficiales sin sustancia. La impunidad supera el 95%, y la cifra de desaparecidos sigue aumentando mientras el gobierno sigue prometiendo cambios que nunca llegan.
México se ha convertido en un cementerio sin justicia. Un país donde la violencia se ha institucionalizado y el Estado ha sido relegado a un simple observador de la tragedia. Mientras los gobiernos sigan administrando la crisis en lugar de resolverla, los colectivos de búsqueda seguirán siendo la única esperanza para aquellos que han perdido a sus seres queridos. Y lo más doloroso es que, al paso que vamos, nada cambiará. Solo quedará la resignación de saber que en este país, el infierno no es un mito: es una realidad diaria.
Por: Roberto Flores Piña
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