La muerte del menor Erick Leonardo Terán Torbellín, de tan solo 13 años, durante un campamento escolar organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc ha encendido las alarmas sobre el oscuro funcionamiento de ciertas instituciones educativas que operan bajo esquemas militarizados. Los hechos ocurrieron en Cuautla, Morelos, donde el adolescente perdió la vida en circunstancias que hoy están siendo investigadas por autoridades tanto de la Ciudad de México como del estado de Morelos.
Erick fue entregado por su madre, Erika Torbellín, en perfecto estado de salud el 23 de abril para asistir al campamento organizado por la academia ubicada en la colonia Santa María la Ribera. El menor debía regresar el 25 de abril por la tarde. Sin embargo, horas antes de la hora pactada, la madre recibió una llamada de la teniente Angélica Echeveste, quien le informó que su hijo estaba “un poquito mal” y que sus signos vitales estaban “ligeramente desnivelados”, minimizando una situación que resultó ser fatal.
Al llegar al hospital en Cuautla, Erika se enfrentó a la peor noticia: su hijo había fallecido. Llegó sin signos vitales y pese a los intentos de reanimación, no pudo ser salvado. La necropsia reveló que Erick sufrió estallamiento de vísceras, lo cual pone en entredicho la versión oficial ofrecida por la escuela, que hablaba simplemente de un golpe de calor.
Testimonios de más de una veintena de menores que asistieron al campamento apuntan a un patrón de abuso físico. Los compañeros relataron que Erick llevaba más de un día quejándose de dolor sin recibir atención médica, y que fue arrastrado por la capitana Mariana durante casi diez minutos por el suelo, quedando cubierto de tierra y lastimado. A ello se suman múltiples denuncias de padres cuyos hijos regresaron con lesiones visibles y quienes refieren la práctica de castigos físicos bajo pretexto de “arrestos” disciplinarios.
Estos castigos, según testimonios, incluían correr descalzos, hacer lagartijas sobre piedra y recibir golpes en el abdomen. Las sanciones se imponían por faltas mínimas como no responder correctamente en clase, no entregar tareas o simplemente hablar durante las actividades.
Ante la gravedad de los hechos, la madre de Erick ha presentado dos denuncias penales. La Secretaría de Educación Pública ha reconocido que la academia no solicitó permiso para realizar el campamento, lo que agrava su situación legal. Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc informó que al menos 30 menores han sido víctimas o testigos de abusos en esa institución, y anunció acciones legales y administrativas contra el plantel.
En un escueto comunicado, la academia lamentó la muerte del menor y aseguró estar acompañando a la familia moral y económicamente, aunque evitó dar detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
Este lamentable caso ha abierto una herida profunda en la sociedad y revive el debate sobre la falta de regulación efectiva en escuelas militarizadas privadas. No es un caso aislado. En noviembre de 2023, Zamir Pinto, alumno del Colegio Militarizado Aztlán en el Estado de México, murió tras recibir una golpiza de un instructor, quien posteriormente fue detenido. Ambos casos ponen en evidencia un sistema que normaliza la violencia bajo una fachada de disciplina y que, lejos de formar ciudadanos íntegros, expone a niños y adolescentes a entornos de riesgo y maltrato.
Hoy, mientras una familia llora la pérdida irreparable de un niño noble, generoso y con sueños de servir a los demás, decenas de padres exigen justicia y el cierre inmediato de un plantel que, más que educar, ha sembrado el miedo y el dolor.
Las autoridades tienen la obligación no solo de investigar a fondo este caso, sino de revisar de manera exhaustiva todas las instituciones que operan bajo este tipo de esquemas. La vida de un niño no puede ser el precio de la negligencia y la impunidad.
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