Cuando el calor se disipa y, poco a poco, las ventanas de las casas comienzan a iluminarse. Pero en una de esas casas, una de tanta, no hay medidor que registre el paso de la electricidad. Está roto, ausente o trucado. No es accidente ni descuido. Es decisión. Una más en la larga lista de actos pequeños que se apilan como ladrillos invisibles en los muros de la impunidad cotidiana.
Allí, en la penumbra de lo normalizado, el robo de luz y de agua, se han vuelto parte del paisaje urbano. La pinza de electricista ha sustituido al recibo pagado; el “conecte” vale más que la factura. En los barrios marginados, pero también en colonias de clase media, es común escuchar frases como “no me voy a dejar robar por el gobierno” o “todos lo hacen”. La trampa se disfraza de justicia, y la ilegalidad se justifica como defensa.
Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2023 se registraron pérdidas por más de 73 mil millones de pesos debido a “pérdidas no técnicas”, es decir, robo de energía. Esta cifra representa cerca del 9% de toda la electricidad distribuida en el país. Lo mismo sucede con el agua: de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el 43% del agua potable en México se pierde, en gran parte por tomas clandestinas o conexiones ilegales.
Estas cifras no solo son alarmantes en términos económicos, sino morales. Revelan una grieta profunda entre el ciudadano y el Estado, entre la ética y la sobrevivencia, entre la ley y la costumbre. Robar servicios públicos se ha convertido en un acto cotidiano que no escandaliza a nadie. Es una corrupción pequeña, de a pie, pero no por ello menos corrosiva.
No se trata de juzgar a quienes viven en la precariedad absoluta y no encuentran otra forma de subsistir. El verdadero problema comienza cuando esta práctica se convierte en norma incluso para quienes sí pueden pagar, pero eligen no hacerlo. Ahí está la trampa: disfrazamos la trampa de necesidad, y la necesidad de derecho.
Vivimos en una sociedad donde la moral ha sido reemplazada por la astucia, donde se aplaude al que se “las ingenia” para no pagar, pero se desprecia al que hace fila, cumple y paga sus recibos. La trampa se ha vuelto un idioma común, un idioma sin gramática, pero con muchos hablantes.
¿Qué sociedad construimos cuando la ley es una opción y no un principio? ¿Qué futuro le espera a un país donde se educa con el ejemplo del engaño?
Quizás haya que recordar lo que escribió Albert Camus: «Una sociedad que tolera el crimen en lo pequeño, lo alimenta en lo grande». Tal vez aún estamos a tiempo de cambiar esa cultura de atajos por una ética del compromiso. Porque la luz que se roba, no solo alumbra casas: también oscurece conciencias.
Por: Angel Flores
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