PROTESTAS EN LOS ÁNGELES POR REDADAS MIGRATORIAS Y DESPLIEGUE MILITAR FEDERAL

La ciudad de Los Ángeles atraviesa una jornada tensa marcada por el quinto día consecutivo de protestas tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la posterior intervención de fuerzas federales.

Desde el pasado viernes, decenas de personas han sido arrestadas en operativos realizados en lugares como almacenes, estaciones de servicio y centros comerciales. Las redadas, según ICE, tienen como objetivo detener a personas con órdenes de deportación pendientes. No obstante, organizaciones civiles denuncian detenciones arbitrarias y excesivo uso de la fuerza.

Las manifestaciones, iniciadas de forma pacífica, han escalado en algunos sectores con episodios de disturbios, saqueos y enfrentamientos con las autoridades. Hasta la mañana de este miércoles se reportan más de 250 arrestos, varios heridos entre manifestantes y agentes del orden, y daños materiales en establecimientos del centro de la ciudad.

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de cerca de 4 000 efectivos de la Guardia Nacional de California y hasta 2 000 marines, invocando la Ley de Insurrección. Esta medida ha generado controversia, ya que fue implementada sin el consentimiento del gobernador estatal, Gavin Newsom, quien ha calificado la acción como una “militarización innecesaria del espacio civil”.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció que la ciudad se encontraba en calma relativa antes de la llegada de las tropas federales, a las que atribuyó un aumento en los enfrentamientos. “Esto es más una decisión política que una necesidad de seguridad”, declaró.

Las protestas se han extendido a otras ciudades como San Francisco, Austin y Nueva York. En todas ellas, los manifestantes exigen el fin de las redadas y el respeto a los derechos humanos de las comunidades migrantes.

En medio del conflicto, grupos ciudadanos han comenzado acciones de limpieza y reconstrucción en zonas afectadas. A la vez, diversas organizaciones han interpuesto recursos legales para frenar los operativos federales, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada en tribunales.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales vinculadas directamente con los incidentes, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto general de la situación.

La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos siguen de cerca los acontecimientos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura en favor de la protesta pacífica, negando cualquier implicación directa en los hechos.

Los Ángeles permanece en estado de alerta mientras se desarrollan nuevas movilizaciones y se espera una resolución judicial sobre la legalidad del despliegue militar.