En México, emprender y mantener una pequeña o mediana empresa (PyME) se ha convertido en una lucha constante contra un sistema fiscal que, lejos de impulsar el desarrollo económico equitativo, termina por castigar a los más pequeños, mientras los grandes consorcios encuentran rutas legales y financieras para evadir sus obligaciones tributarias.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 99.8 % de las empresas en México son micro, pequeñas o medianas, y generan cerca del 72 % del empleo formal del país. Sin embargo, estas mismas unidades económicas enfrentan una de las cargas fiscales más asfixiantes del continente.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) exige a las PyMEs el cumplimiento de al menos 12 declaraciones fiscales al año, además de reportes mensuales de IVA, pagos provisionales de ISR, declaraciones informativas y nóminas electrónicas. Esta sobrecarga administrativa, que implica además altos costos contables y riesgos de sanciones por errores mínimos, no representa ningún retorno visible para los contribuyentes más pequeños.
En contraste, los grandes monopolios y corporativos —que representan menos del 1 % de los contribuyentes empresariales— tienen acceso a mecanismos de “planeación fiscal agresiva” que les permiten deducir gastos millonarios, trasladar ganancias al extranjero o reportar pérdidas artificiales. La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado cómo estos esquemas permiten a las grandes empresas pagar una tasa efectiva de ISR de apenas el 2 % al 5 %, mientras que las PyMEs pagan entre 25 % y 30 %.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló en 2023 que el 56 % de los ingresos fiscales por ISR empresarial proviene de las MiPyMEs, lo cual es alarmante si se considera que las grandes empresas concentran más del 60 % de las utilidades generadas en el país.
Por si fuera poco, muchas PyMEs deben competir con el mercado informal, que representa cerca del 55 % del empleo total en México y que evade por completo el pago de impuestos, cuotas del IMSS, normativas laborales y obligaciones fiscales. Esto coloca a los pequeños empresarios formales en una situación de clara desventaja.
Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) concluyó que las PyMEs mexicanas invierten entre el 12 % y 20 % de su presupuesto total anual en cumplir con obligaciones fiscales, contables y de seguridad social, mientras que las grandes compañías logran absorber esos costos gracias a su escala, subsidios ocultos o políticas fiscales favorables.
El resultado: un sistema desigual donde la base fiscal está sostenida por quienes menos pueden, mientras los gigantes económicos gozan de beneficios y vacíos legales.
“Formalizarte como pequeño empresario en México es casi un castigo. El gobierno te exige como si fueras un corporativo, pero te trata como si no valieras nada”, lamenta Jorge N., dueño de una pequeña fábrica de calzado en León.
Mientras tanto, las cámaras empresariales más influyentes del país continúan presionando por nuevas deducciones y beneficios fiscales para los grandes corporativos, y muy pocas políticas han sido diseñadas para aliviar la carga de las empresas que realmente sostienen el empleo y el consumo nacional.
Si no se reforma el sistema fiscal con justicia y visión de futuro, México corre el riesgo de convertirse en un país de monopolios y vendedores ambulantes, sin espacio para el emprendimiento productivo ni la competitividad real.
Por: Angel Flores
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