El asesinato de Fernando, un niño de apenas 5 años, no es un caso aislado ni una tragedia fortuita. Es un golpe brutal de realidad: en México, la vida de los más vulnerables puede costar menos que una deuda de mil pesos. Su historia —arrancado de su hogar por prestamistas, retenido como “garantía” y finalmente asesinado— refleja con crudeza el rostro más violento de la desigualdad.
En este país, más de 51 millones de personas viven en pobreza, y alrededor del 56% de la población económicamente activa sobrevive en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a seguridad social, prestaciones ni crédito bancario. Para estas familias, un préstamo formal es una utopía. Ante una urgencia, la única opción son prestamistas que operan fuera de la ley, sin contratos, sin regulación, y con la violencia como cláusula implícita.
El fenómeno del “gota a gota” y de los préstamos abusivos no es nuevo. Se ha documentado su crecimiento en zonas marginadas, colonias periféricas y comunidades rurales, donde los bancos no llegan pero la necesidad nunca falta. Estos sistemas, muchas veces controlados por redes criminales, convierten una deuda pequeña en una amenaza constante: si no se paga, se pierde lo poco que se tiene… o incluso la vida.
Fernando fue víctima de esa lógica inhumana. Su madre, desesperada por cubrir una deuda mínima, acudió dos veces al Ministerio Público para denunciar su desaparición. Ambas veces fue ignorada. La omisión no es accidente: es parte de una rutina institucional que condena al silencio a los más pobres. Según el Inegi, el 93% de los delitos en México no se denuncian o no se investigan. El sistema de justicia no solo llega tarde: muchas veces ni siquiera llega.
La desigualdad económica alimenta este círculo de violencia. El 10% más rico del país concentra más del 60% del ingreso total, mientras que la mitad de los trabajadores gana menos de 7 mil pesos al mes. En esas condiciones, cualquier gasto imprevisto —una enfermedad, una renta atrasada, un uniforme escolar— puede convertirse en una cadena de deuda y miedo.
El crimen contra Fernando también desnuda otra herida profunda: la normalización de la violencia como método de control económico. En la informalidad no existen embargos ni citatorios judiciales. Existe la amenaza, el golpe, el secuestro. Y mientras tanto, el Estado permanece ausente, apareciendo solo para contar cadáveres y prometer justicia que rara vez llega.
Quienes defienden que este caso es “un hecho aislado” no quieren ver la realidad. La violencia ligada a la pobreza extrema y a la falta de acceso a servicios financieros seguros está presente todos los días en barrios y comunidades del país. Lo que hace diferente a la historia de Fernando es que su crueldad fue tan atroz que logró atravesar la barrera del silencio mediático. Pero hay otros “Fernandos” invisibles, que nunca tendrán un altar ni un titular.
México es un país donde generar riqueza es un privilegio reservado para unos pocos. La mayoría vive en una carrera de supervivencia diaria, donde el margen entre la dignidad y la miseria es cada vez más estrecho. Mientras el Estado no garantice seguridad, justicia y acceso a oportunidades reales, las calles seguirán siendo un campo fértil para que la violencia crezca.
Por: Angel Flores
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