En México, el drenaje es una infraestructura que vive en la sombra, oculta bajo capas de asfalto y concreto, ignorada por la política y ausente de los discursos de campaña. No corta listones, no sale en las fotos y no llena plazas. Sin embargo, es uno de los pilares que sostienen la vida urbana moderna. Paradójicamente, solo recordamos su existencia cuando deja de funcionar y las calles se convierten en ríos, los hogares en estanques y las avenidas en trampas mortales.
Este fenómeno no es nuevo, pero se ha vuelto más evidente con el aumento de lluvias intensas asociadas al cambio climático. En 2024, la Ciudad de México registró tormentas con acumulaciones de más de 80 milímetros en pocas horas, cifras que superan la capacidad para la que fue diseñada la red en muchas zonas. En Pachuca, bastaron menos de 40 minutos de lluvia intensa para que el Río de las Avenidas se desbordara, inundando fraccionamientos enteros. En Mineral de la Reforma, fraccionamientos construidos en zonas bajas quedaron atrapados en láminas de agua, sin que las bombas de extracción pudieran contener el avance.
El discurso oficial suele culpar a “lluvias atípicas” o a “fenómenos extraordinarios”, como si el clima fuera una excusa válida para décadas de omisiones. La verdad es más incómoda: gran parte de los sistemas de drenaje en México han superado su vida útil. En el Valle de México, muchas tuberías tienen más de 50 años de antigüedad y han sufrido deformaciones por la subsidencia —el hundimiento progresivo del suelo causado por la sobreexplotación del acuífero—, lo que altera las pendientes y reduce la capacidad de conducción. En Pachuca, los drenes pluviales son escasos o inexistentes en varias colonias, y las aguas de lluvia terminan en las mismas tuberías que el alcantarillado sanitario, provocando retornos y saturaciones.
La planeación urbana ha sido otro factor de riesgo. En lugar de respetar cauces naturales y zonas de absorción, se han entubado ríos, cubierto áreas verdes con concreto y autorizado fraccionamientos en terrenos que antes eran humedales o barrancas. En la década pasada, el crecimiento inmobiliario en Hidalgo se enfocó en construir lo más rápido posible, sin garantizar sistemas pluviales independientes. Hoy esas decisiones se traducen en daños millonarios y en emergencias cada temporada de lluvias.
El mantenimiento es otro capítulo de esta historia. La limpieza de coladeras y el desazolve de canales debería ser un trabajo permanente y preventivo, no una carrera de última hora antes de la temporada de huracanes. Sin embargo, en muchos municipios se realiza de manera esporádica y con recursos limitados. El resultado es previsible: basura, sedimentos y hasta muebles obstruyendo el flujo, con imágenes virales de trabajadores municipales intentando destapar alcantarillas bajo la lluvia, cuando ya es demasiado tarde.
En el presupuesto, la realidad es igual de gris. Para 2025, el gobierno federal asignó poco más de 37 mil millones de pesos al sector hídrico, de los cuales solo una parte se destina directamente a drenaje y alcantarillado. La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) advierte que esa cifra no cubre ni el 3% de lo necesario para renovar, ampliar y adaptar los sistemas a los nuevos patrones de precipitación. La Ciudad de México anunció 15 mil millones para su “paquete hídrico”, pero la mayoría de esos recursos irán a reducir fugas y mejorar el abasto de agua, dejando al drenaje profundo como una prioridad secundaria.
Mientras tanto, otros países han respondido a crisis similares con inversiones históricas y planes a largo plazo. Copenhague, tras inundaciones devastadoras en 2011, diseñó un plan de 3.8 mil millones de coronas danesas para convertir plazas, parques y calles en depósitos temporales de agua. Tokio construyó el sistema G-Cans, una red monumental de túneles y tanques para desviar crecientes hacia un río mayor, con una inversión de más de dos mil millones de dólares. Róterdam y Singapur han apostado por la “ciudad esponja”, integrando infraestructura verde que infiltra y retiene el agua en lugar de tratarla como un enemigo que hay que expulsar.
En México, en cambio, seguimos parchando lo que se rompe, improvisando soluciones con bombas portátiles y repartiendo costales de arena como si fueran una política pública. Cada inundación trae las mismas promesas de modernización y los mismos anuncios de limpieza preventiva que se olvidan en cuanto llega la temporada seca. El ciclo se repite porque el drenaje, al ser invisible, no produce beneficios políticos inmediatos.
El problema es que la factura social y económica no se puede esconder. Las pérdidas por inundaciones se cuentan en cientos de millones de pesos cada año: comercios arruinados, vehículos siniestrados, viviendas inhabitables, enfermedades respiratorias y gastrointestinales por contacto con aguas negras. Y, sobre todo, la certeza de que no es cuestión de mala suerte, sino de mala gestión.
El drenaje no es un lujo ni una obra opcional: es una infraestructura vital. Su ausencia o deficiencia pone en riesgo la salud pública, la seguridad vial, la economía familiar y la dignidad de las ciudades. Pero mientras siga enterrado —literal y políticamente—, las lluvias seguirán sacándolo a la superficie con la fuerza de la evidencia. Lo que está en juego no es solo evitar que se inunden las calles; es decidir si seguiremos construyendo ciudades que funcionan en temporada seca y se paralizan en temporada de lluvias, o si finalmente miraremos hacia abajo para corregir lo que ignoramos durante décadas.
Por: Angel Flores
LOS DRENAJES NO SE VEN HASTA QUE LAS INUNDACIONES HACEN VER LAS DEFICIENCIAS DE UN RUBRO ABANDONADO POR EL GOBIERNO
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