Este lunes regresan a clases más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes en México, según la Secretaría de Educación Pública. La postal parece optimista, pero la realidad es más dura: más de 4 millones de menores no asisten a la escuela y otros 600 mil están en riesgo de abandonar sus estudios. A la par, 3.7 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años trabajan para apoyar la economía familiar, lo que les arrebata el derecho a una infancia plena.
Las condiciones de las escuelas tampoco ayudan. Casi 28% de las primarias carecen de agua, luz o sanitarios, y menos de la mitad de los planteles cuentan con computadoras o internet suficiente para fines educativos.
En un país donde solo el 73% de los hogares tiene conexión a internet, con estados como Chiapas y Oaxaca en rezagos de hasta 40%, la brecha digital se traduce en una brecha educativa imposible de ignorar. A ello se suma que 17 estados no garantizan aún la gestión menstrual digna en sus planteles, lo que provoca ausencias recurrentes de niñas y adolescentes.
El discurso oficial se concentra en anunciar calendarios y “185 días efectivos de clases”, pero ignora que no todos tienen la posibilidad de estar presentes.
La ignorancia se convierte en herencia cuando el Estado se limita a administrar la desigualdad en lugar de transformarla. Cada niño fuera del aula este lunes es un recordatorio de que la educación no es un derecho pleno en México, sino un privilegio.
El regreso a clases no debería ser un acto de propaganda, sino una política real de inclusión: infraestructura básica garantizada, conectividad para todos, becas de permanencia, combate al trabajo infantil y apertura efectiva a la niñez migrante. Sin esas acciones, cada inicio de ciclo seguirá repitiendo el mismo guion: millones que entran a las aulas y millones más que siguen en las sombras. Y un país que normaliza esa fractura difícilmente podrá aspirar a un futuro distinto.
Por: Roberto Flores Piña
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