En México, y particularmente en Hidalgo, los corralones se han convertido en una trampa que devora el patrimonio de miles de ciudadanos. Aunque existen tarifas oficiales, la realidad demuestra que en la práctica estas se ignoran, dando paso a cobros desproporcionados que hacen prácticamente imposible recuperar un vehículo. En Hidalgo, la Secretaría de Movilidad y Transporte fijó desde 2021 un costo de 48 pesos diarios por depósito de automóvil y un arrastre inicial de 528 pesos con cargo adicional por kilómetro recorrido. Sin embargo, las denuncias de automovilistas narran escenarios en los que, tras semanas de trámites, la cuenta supera los 50 mil pesos, y en casos extremos alcanza los 100 mil, cantidades que exceden incluso el valor de la propia unidad.
A nivel nacional, el fenómeno se repite con cifras alarmantes. En Puebla, transportistas han denunciado cuentas que rebasan los 200 mil pesos por liberar un camión, mientras que en el Estado de México existen casos documentados de 13 mil pesos por apenas tres días de resguardo. En Veracruz se habla de hasta 17 mil pesos por día, cuando la tarifa oficial es de apenas 150 pesos. Esta disparidad expone un patrón de impunidad: los concesionarios de grúas y corralones operan bajo un esquema de discrecionalidad, muchas veces en complicidad con autoridades locales que toleran o se benefician de este abuso.
El costo social de este problema es enorme. Miles de unidades quedan abandonadas porque sus dueños simplemente no pueden cubrir las sumas que se les imponen. Según estimaciones de asociaciones de transportistas, en el país más del 40 por ciento de los vehículos ingresados a corralón no se recuperan, convirtiéndose en chatarra o en presa de desvalijamiento. Los usuarios no solo enfrentan el despojo económico, también la frustración de ver cómo su patrimonio se desvanece sin posibilidad de defensa real.
La situación en Hidalgo refleja la misma enfermedad estructural. No todos los corralones exhiben el tabulador oficial, pese a que la ley los obliga, y quienes se atreven a reclamar encuentran puertas cerradas y burocracia que protege más a los concesionarios que a los ciudadanos. La consecuencia es clara: un sistema donde la legalidad se convierte en simulación y el automovilista en víctima cautiva. Se ha documentado incluso que vehículos recuperados aparecen desvalijados, sin llantas, baterías o estéreos, lo que suma un doble agravio.
Hablar de corralones en México es hablar de un negocio lucrativo construido sobre la necesidad y el desamparo. Mientras un jornalero en Hidalgo gana en promedio 200 pesos al día, la tarifa de arrastre más baja equivale a más de dos días completos de trabajo. Si el vehículo permanece un mes en resguardo, la cuenta puede representar hasta el 40 por ciento del ingreso anual de una familia de bajos recursos. Estas cifras evidencian que no se trata solo de cobros excesivos, sino de un mecanismo de exclusión y despojo que perpetúa la desigualdad.
El abandono de unidades en corralones se ha normalizado, pero detrás de cada coche olvidado hay un hogar que perdió movilidad, un trabajador que no pudo seguir laborando, una familia que se quedó sin transporte. No es casualidad que en varios estados se discutan reformas para sancionar a quienes incumplen con las tarifas oficiales, sin embargo, la falta de supervisión y la corrupción han impedido un cambio sustancial. Mientras tanto, el automovilista común sigue pagando el costo de un sistema diseñado para beneficiarse de su indefensión.
La problemática de los corralones en Hidalgo y en todo el país exige una revisión profunda, no solo de las tarifas sino del modelo concesionario que ha generado este círculo vicioso de abuso. Los números hablan por sí mismos: decenas de miles de pesos por liberar un vehículo que en ocasiones vale menos que la deuda generada. En un país donde la mayoría vive con ingresos limitados, el derecho a recuperar un bien propio no debería convertirse en un lujo imposible, y menos aún en un castigo que obliga a abandonar lo poco que se tiene.
Por: Angel Flores
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