LA POLICÍA EN MÉXICO: ENTRE LA FALTA DE CAPACITACIÓN, LA DESCONFIANZA CIUDADANA Y UN MARCO LEGAL QUE LOS ATA

Por: Luis Roberto Flores

En México, el uniforme policial carga con un estigma tan pesado como el deber que representa. La desconfianza hacia las fuerzas del orden ha alcanzado niveles alarmantes, y no sin razón: los escándalos de corrupción, abuso de poder y vínculos con el crimen organizado han erosionado profundamente la credibilidad de estas instituciones. Sin embargo, detrás de cada señalamiento también hay una realidad ignorada: la precariedad en la que operan muchos policías y el contexto legal que limita, hasta el absurdo, su capacidad de reacción.

Uno de los problemas más graves del sistema de seguridad pública en México es la escasa capacitación de sus elementos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en muchos municipios del país los policías reciben apenas unas semanas de formación antes de ser enviados a las calles. Esto incluye conocimientos mínimos de derecho, protocolos de actuación, uso de armas y manejo de crisis. En contraste, países como Alemania o Canadá requieren años de preparación, evaluaciones psicológicas rigurosas y entrenamiento constante.

A esta deficiencia formativa se suma la falta de recursos. Muchos elementos carecen de chalecos antibalas funcionales, radios operativos o vehículos en buen estado. ¿Cómo se puede esperar un desempeño profesional cuando las condiciones laborales son indignas? El resultado es un cuerpo policial reactivo, mal preparado, vulnerable y muchas veces frustrado.
La percepción ciudadana sobre la policía en México está marcada por el miedo y la sospecha. Para muchos, un policía representa un peligro antes que una fuente de seguridad. Esta imagen negativa es alimentada por casos de brutalidad policial, extorsión y colusión con el crimen organizado. Pero también por una narrativa mediática que rara vez muestra al policía que salva vidas o actúa con ética, enfocándose únicamente en el escándalo.

Lo más preocupante es que esta visión generalizada ha desencadenado una peligrosa normalización de la agresión hacia los elementos policiacos. Se han vuelto frecuentes los videos en redes sociales donde civiles insultan, empujan e incluso golpean a policías que intentan realizar una detención o aplicar un reglamento. En muchas ocasiones, los elementos optan por no intervenir para evitar ser denunciados por abuso de autoridad o, peor aún, terminar linchados virtualmente por la opinión pública.
El respeto a los derechos humanos es innegociable. Sin embargo, en México se ha llegado al extremo de que los policías temen más a las consecuencias legales de hacer su trabajo que a los propios delincuentes. El marco legal actual, si bien necesario para evitar abusos, muchas veces resulta ambiguo, rígido y desconectado de la realidad operativa en las calles.

Un claro ejemplo es la manera en que se sanciona el uso de la fuerza. Aún en situaciones de peligro, los policías deben seguir protocolos tan estrictos que, si se equivocan mínimamente, pueden ser sancionados administrativa o penalmente. Mientras tanto, el agresor o delincuente goza de una serie de derechos que, aunque fundamentales, muchas veces son utilizados como escudo para evitar consecuencias.
Recientemente, en estados como Oaxaca, Jalisco y la Ciudad de México, se han documentado incidentes en los que ciudadanos agreden física y verbalmente a policías durante operativos. En algunos casos, los agresores fueron liberados casi de inmediato, mientras que los elementos que respondieron a la violencia fueron suspendidos o investigados.

Un caso emblemático ocurrió en 2024 en Ecatepec, Estado de México, donde dos policías fueron golpeados por una turba mientras intentaban detener a un presunto ladrón. Los videos circularon ampliamente, pero la indignación colectiva se centró más en si los oficiales usaron la «fuerza indebida», que en el hecho de que fueron brutalmente agredidos en cumplimiento de su deber.
La solución a este problema no pasa solo por exigirle más a los policías, sino por reformar estructuralmente la institución: aumentar la capacitación, garantizar condiciones dignas, depurar los cuerpos policiacos, y muy importante redefinir el marco legal para que permita actuar sin miedo a la criminalización del deber.

Además, es urgente trabajar en la reconstrucción del vínculo entre la policía y la ciudadanía. Ni los uniformados son todos corruptos ni los civiles todos víctimas. Hay que dejar de ver al otro como enemigo. Solo una sociedad que respeta y exige por igual podrá aspirar a una verdadera justicia.

Porque si seguimos permitiendo que la policía actúe con miedo, sin preparación y sin el respaldo social o legal que necesita, no estaremos defendiendo los derechos humanos, estaremos condenando a la impunidad.