En México tener un coche nuevo no significa tener un coche seguro. La realidad es que aquí todavía se venden autos con lo básico: dos bolsas de aire y frenos ABS, mientras que en Estados Unidos o en Europa esas medidas quedaron rebasadas hace más de diez años. Allá el control electrónico de estabilidad es obligatorio desde 2012 y 2014, mientras que en México apenas lo será para los modelos 2025. El monitoreo de presión de llantas, que en Estados Unidos es requisito desde 2007, aquí se pedirá hasta 2026. Y tecnologías que ya salvan vidas como el frenado autónomo de emergencia o la asistencia de carril siguen siendo opcionales.
Esto no es un tema técnico, es un asunto de vidas humanas. En 2023 murieron 16 mil 772 personas en accidentes viales en México, es decir, 46 muertes cada día. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que si adoptáramos los reglamentos de seguridad que ya existen en otras partes del mundo podríamos salvar alrededor de 5 mil 600 vidas cada año. Es como si cada año evitáramos que desaparezca toda la población de un pueblo mediano.
A nivel económico tampoco es poca cosa. Cada choque tiene un costo social de alrededor de 120 mil pesos, considerando atención médica, pérdida de productividad y daños. Con más de 340 mil accidentes al año, el impacto es de más de 40 mil millones de pesos. Y eso lo pagamos entre todos, no sólo las familias de las víctimas.
Lo más duro es que quienes compran autos de gama baja, muchas veces con créditos que les aprietan el bolsillo durante años, son los que menos protección reciben. Latin NCAP ha puesto en evidencia cómo modelos vendidos en México, como el Hyundai Grand i10 o el Nissan March, obtienen cero estrellas en pruebas de choque. Los mismos modelos, pero vendidos en Estados Unidos, tienen seis bolsas de aire y control de estabilidad. Aquí el mercado permite que nos vendan versiones recortadas, y como no hay un etiquetado de seguridad obligatorio, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué tan desprotegida está cuando firma un contrato de compra.
Un coche económico en México cuesta en promedio 250 mil pesos, que equivalen a más de dos años de salario promedio formal. Con todo y ese sacrificio, lo que se compra no es lo mismo que se vende en otras partes del mundo. Es un doble estándar que nos dice mucho sobre la desigualdad y sobre cómo se valora la vida en este país.
El problema de fondo es que el gobierno no ha exigido lo suficiente y las armadoras lo saben. Prefieren seguir sacando al mercado modelos con mínimos de seguridad porque la ley lo permite. Mientras tanto, las muertes siguen acumulándose y las familias pagando la cuenta.
Si de verdad queremos un país más justo, necesitamos entender que la seguridad vehicular no es un lujo. No es un extra que deba cobrarse aparte ni una opción que sólo algunos puedan pagar. Es un derecho básico. Cada día que pasa sin que México regule de manera estricta, seguimos aceptando que la movilidad en este país se pague con sangre.
Por: Roberto Flores Piña
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