El reciente accidente ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en el bulevar Nuevo Hidalgo, donde una combi colisionó contra un tráiler y dejó dos personas muertas y diez lesionadas, volvió a encender las alarmas sobre el transporte público en Hidalgo. Lo que muchos llaman una tragedia inevitable es, en realidad, el resultado de un modelo económico que condena a los choferes a trabajar bajo la presión de cubrir la llamada “cuenta”: una cuota diaria que deben entregar a los concesionarios, quienes a su vez obtuvieron el derecho de operar mediante licitaciones públicas.
Este esquema ha convertido a los conductores en piezas de un engranaje que prioriza la recaudación sobre la seguridad. De acuerdo con testimonios de operadores y usuarios, en rutas de Pachuca y Mineral de la Reforma las cuentas diarias rondan entre los 800 y 1,200 pesos, dependiendo del recorrido y la afluencia de pasajeros. Solo después de cubrir esta cifra, el chofer obtiene su salario real. Si la jornada es floja, apenas logran ingresos mínimos; si es movida, la ganancia depende de la cantidad de vueltas y del número de pasajeros apretados en cada corrida.
El impacto en la seguridad es evidente. Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo (SEMOT) señalan que en lo que va de 2025 se han registrado más de 300 accidentes viales en los que participaron unidades de transporte público, con un saldo de al menos 25 personas fallecidas y más de 200 lesionadas.
La mayoría de los siniestros se relacionan con exceso de velocidad, falta de mantenimiento o sobrecupo, factores directamente vinculados a la presión económica que enfrentan los conductores.
Los pasajeros lo viven día a día: viajar de pie, con las unidades sobrecargadas, soportando frenos que rechinan o motores que dan señales de fatiga. A bordo, la incomodidad es normalizada; lo anormal es llegar con tranquilidad. Usuarios denuncian que subir a una combi en Hidalgo es, literalmente, jugarse la vida: el conductor maneja con prisa, rebasa en tramos riesgosos, se brinca topes y semáforos, todo con tal de ganar unos minutos y recoger más pasaje.
El marco legal es claro en papel pero difuso en la práctica. La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo establece que las concesiones deben garantizar unidades en buen estado, pólizas de seguro vigentes y operadores capacitados. Sin embargo, la falta de inspecciones constantes y de sanciones efectivas permite que muchas unidades circulen en condiciones deplorables. A nivel nacional, la Encuesta Origen-Destino (INEGI, 2022) documentó que al menos el 60% de los viajes urbanos en ciudades medias se realizan en transporte colectivo como combis o microbuses, lo que subraya la relevancia de un servicio que sostiene la movilidad de estudiantes, trabajadores y familias de bajos ingresos.
El accidente del 20 de septiembre no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el reflejo de un sistema que ha normalizado la precariedad. Mientras los concesionarios continúen beneficiándose de licitaciones y los choferes sigan dependiendo de la cuenta diaria, los usuarios seguirán expuestos a una ruleta rusa en cada trayecto. La movilidad, que debería ser un derecho básico y seguro, se ha convertido en Hidalgo en una moneda al aire.
Por: Angel Flores
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