EL TRANSPORTE PÚBLICO EN HIDALGO, REHÉN DE LA CORRUPCIÓN Y LA NEGLIGENCIA

Por: Luis Roberto Flores
En el estado de Hidalgo, el transporte público no solo se ha convertido en un servicio deficiente y peligroso para los usuarios, sino también en el reflejo de una corrupción enquistada en la Secretaría de Movilidad y Transporte, que durante años ha operado más como una extensión de intereses privados que como una institución al servicio de la ciudadanía.

La situación en Pachuca es particularmente alarmante. Una sola familia, protegida por redes de complicidad política, mantiene el monopolio del sistema de concesiones. Esta concentración de poder no solo ha bloqueado cualquier intento de modernización y competencia, sino que ha permitido que se perpetúe un modelo de transporte basado en la negligencia, el abuso laboral y la total indiferencia por la seguridad pública.

Las unidades en su mayoría camionetas tipo Urvan son vehículos obsoletos, evaluados por instituciones internacionales con cero estrellas en pruebas de choque. En cualquier país serio, estas unidades estarían fuera de circulación. Aquí, siguen en servicio, sobrecargadas de pasajeros, convertidas en trampas mortales que circulan por las calles como bombas de tiempo.

El sistema de control implementado por los concesionarios, con el aval de la Secretaría, obliga a los choferes a cumplir rutas con tiempos estrictos, bajo amenaza de descuentos salariales o sanciones. En la práctica, esto significa que los conductores manejan a exceso de velocidad, se pasan semáforos y sobrecargan las unidades para cumplir metas imposibles. No es raro ver estas camionetas rebosantes de pasajeros, sin la mínima supervisión.

Este mes de septiembre, la tragedia se hizo presente una vez más: dos personas perdieron la vida en Pachuca como consecuencia directa de este sistema obsoleto y corrupto. Pero estos no son casos aislados; son solo los más recientes en una larga lista de accidentes, muchos de los cuales han quedado impunes o invisibilizados por la misma red de protección que opera entre los concesionarios y las autoridades.

Y mientras la seguridad de los usuarios sigue en juego, el colmo es que se plantea un aumento en la tarifa del pasaje. ¿En serio? ¿Pagar más por un servicio inseguro, indigno y manejado con criterios puramente económicos por una élite privilegiada? Este intento de ajuste tarifario es una burla para los miles de hidalguenses que diariamente arriesgan su vida al subir a una de estas unidades.

La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo permitiremos este abuso? ¿Dónde está el Gobierno del Estado, que promete combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos? ¿Por qué la Secretaría de Movilidad actúa como cómplice en lugar de como regulador?

Hidalgo necesita una reestructuración total del sistema de transporte público: modernización de unidades, auditorías independientes a las concesiones, garantías laborales justas para los choferes y, sobre todo, la ruptura del monopolio que hoy mantiene secuestrado el futuro de la movilidad en el estado.

Porque el transporte público no debe ser un negocio de unos pocos. Debe ser un derecho seguro, accesible y digno para todos.