México encierra a más de 236 mil personas en sus prisiones estatales y federales, y al menos 85 mil de ellas no tienen sentencia. La sobrepoblación, la corrupción y la impunidad han convertido las cárceles en espacios donde el crimen se perfecciona, no se combate. Dentro de sus muros, la extorsión telefónica se ha consolidado como uno de los negocios más rentables, una industria criminal que opera a plena vista de las autoridades, mientras el discurso oficial insiste en hablar de “reinserción social”.
El sistema penitenciario mexicano es una maquinaria de contradicciones. Se supone que las prisiones deberían reeducar y preparar a las personas para regresar a la sociedad, pero la realidad es que la mayoría de los programas de reinserción existen solo en papel. Talleres improvisados, cursos sin certificación y empleos inexistentes se presentan como logros mientras los internos aprenden el oficio más lucrativo: extorsionar desde la cárcel. En los últimos años se han decomisado miles de teléfonos celulares y tarjetas SIM en centros penitenciarios. En la Ciudad de México, solo entre 2023 y 2025, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de seis mil teléfonos móviles dentro de las prisiones, sin contar los aparatos que nunca se detectan. La extorsión telefónica sigue creciendo a pesar de la supuesta instalación de inhibidores de señal que, según informes oficiales, operan con deficiencias o son saboteados con frecuencia.
Las cifras son alarmantes. En el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en el país, la cifra más alta desde que se tiene registro. En total, durante 2024 se estimaron más de cinco millones de casos de extorsión según el INEGI, y casi 97 % no se denunció. La extorsión ya no es un delito aislado: es un negocio sistemático, alimentado por la negligencia del Estado, que permite a los presos controlar las llamadas, coordinar cobros y manipular redes desde la comodidad de un penal. Cada llamada de amenaza que recibe un ciudadano puede tener origen en una celda donde el Estado perdió el control.
El problema de fondo no es la cárcel, sino el modelo de justicia que la sostiene. Un sistema que encierra sin juzgar, que retiene sin sentencia y que posterga la reparación por años no puede hablar de reinserción. Las cárceles mexicanas se han convertido en espacios donde la violencia se recicla, donde los inocentes conviven con los culpables y donde el castigo es un fin en sí mismo. La prisión preventiva, usada de manera automática y masiva, solo engorda la estadística y crea una población desesperada que encuentra en la extorsión una forma de sobrevivir o mantener el control del exterior. La corrupción interna hace el resto: custodios que facilitan teléfonos, funcionarios que miran hacia otro lado, autoridades que se conforman con decomisos mediáticos mientras las llamadas de amenaza se multiplican.
Hablar de reinserción social en México es, hoy por hoy, hablar de un ideal traicionado. Mientras el sistema judicial no garantice juicios rápidos, defensa digna y oportunidades reales tras la liberación, la cárcel seguirá siendo una escuela del delito. El Estado ha fallado en ofrecer educación, trabajo y salud mental a quienes purgan condenas, pero también ha fallado en impedir que desde el interior se cometan delitos que afectan a miles de personas inocentes fuera de los muros. No se trata de humanizar al criminal, sino de desmantelar el negocio que florece en las sombras del sistema penitenciario.
Si el gobierno quiere hablar de seguridad, debe empezar por limpiar sus cárceles. No con redadas esporádicas, sino con vigilancia constante, auditorías públicas y castigo a la complicidad. Las prisiones no deben ser centros de operación del crimen organizado, ni lugares donde se formen nuevas generaciones de extorsionadores. La reinserción social solo será posible cuando la cárcel deje de ser negocio y vuelva a ser justicia. Mientras eso no ocurra, cada teléfono decomisado será el recordatorio de un sistema que prefiere aparentar control en lugar de ejercerlo.
Por: Angel Flores
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