En México, la idea de que “todo se arregla con dinero” dejó de ser una frase coloquial para convertirse en un termómetro social. La corrupción, el cohecho y la negociación informal con la autoridad son prácticas tan extendidas que casi nadie se sorprende cuando aparecen grabadas, denunciadas o documentadas. Lo inquietante no es únicamente su presencia, sino la sensación creciente de que los principios —los que deberían sostener la vida pública— ya no gobiernan nada.
Durante años, el país ha tolerado pequeños intercambios económicos para “agilizar” trámites, evitar multas o suavizar sanciones. Estos gestos, asumidos como mecanismos de supervivencia cotidiana, se volvieron parte del paisaje nacional. Pero 2025 evidenció un problema más profundo: un deterioro grave en la relación entre ciudadanía y autoridad, especialmente con los cuerpos policiales.
Los casos recientes de jóvenes muertos tras intervenciones policiales, entre ellos el de Erick Omar en la Ciudad de México y el del adolescente abatido en Uruapan, no solo estremecieron a la opinión pública. Reavivaron una conversación incómoda: ¿qué sucede cuando quienes deberían proteger también se vuelven protagonistas de abusos, omisiones o violencia injustificada?
Es cierto: no se puede ni se debe generalizar la profesión policial. Hay agentes que trabajan con vocación real, con escasos recursos, con horarios extenuantes y bajo riesgos que pocos ciudadanos estarían dispuestos a asumir. Sin embargo, negar que la percepción social está contaminada sería ingenuo. La ciudadanía se enfrenta a una disyuntiva dolorosa: respetar a la autoridad como figura institucional, o desconfiar de ella como reflejo de una experiencia repetida.
La dificultad para no generalizar no nace del prejuicio, sino de la evidencia acumulada. Casos que se repiten, investigaciones lentas, sanciones escasas y prácticas normalizadas de soborno han fracturado la confianza pública. La impunidad alimenta la sospecha; la sospecha erosiona el respeto; el respeto debilitado abre la puerta a más abusos. Es un círculo que el propio sistema no ha logrado romper.
La pregunta de fondo es pertinente: ¿en qué momento los principios se quedaron atrás? Quizá cuando la impunidad se volvió norma, cuando los salarios insuficientes justificaron “incentivos externos”, cuando el ciudadano eligió pagar para salir del problema, cuando la autoridad perdió control interno, o cuando la transparencia se volvió una promesa incumplida. Cada una de estas grietas, por pequeña que parezca, ha contribuido al desgaste del Estado de derecho.
Hoy, México enfrenta una paradoja. Por un lado, se exige a la policía ser profesional, incorruptible y cercana a la gente. Por otro, la estructura que debería sostenerla —salarios dignos, supervisión real, castigos efectivos, capacitación continua— se encuentra debilitada. En medio de este vacío, la sociedad también carga una parte de responsabilidad: cada vez que un ciudadano opta por pagar en vez de denunciar, coopera con el sistema que después critica.
El reto es complejo y no admite soluciones rápidas. Pero sí exige algo básico: recuperar los principios que deberían guiar tanto a la autoridad como a la ciudadanía. No son conceptos abstractos; son líneas prácticas: legalidad, rendición de cuentas, respeto, integridad pública y cultura cívica.
Mientras el dinero siga mandando más que la ley, México permanecerá atrapado entre el miedo y la desconfianza. Y mientras los casos de jóvenes muertos bajo custodia policial sigan apareciendo, la brecha entre sociedad y autoridad continuará ampliándose.
No se trata de culpar a todos. Se trata de reconocer que el país vive un momento en el que ya es difícil no hacerlo.
Por: Angel Flores
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