Por: Luis Roberto Flores
Jóvenes, influencers y el riesgo de la manipulación política
La marcha del pasado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país se ha presentado como un despertar ciudadano, liderado por jóvenes hartos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Bajo el nombre de “Generación Z”, el llamado ha sido pintado como una expresión fresca, apartidista, auténticamente juvenil. Sin embargo, detrás de ese barniz de espontaneidad, se vislumbran sombras preocupantes: la orquestación política, el uso de influencers, el financiamiento millonario por actores con claros intereses partidistas. Y lo más grave: muchas de las personas que participan no parecen saber completamente para qué están marchando, o quién verdaderamente les paga.
A primera vista, el movimiento Generación Z parece un grito legítimo contra la violencia. Su manifiesto menciona la “corrupción disfrazada de progreso”, la impunidad, el abuso de poder, y exige no solo justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, sino también la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum y una reforma institucional profunda.
Pero el análisis más frívolo de esta narrativa ya ha sido puesto en duda por múltiples fuentes. Según informes, la protesta no es tan “inorgánica” como se vende: hay indicios reales de que partidos de oposición, particularmente la derecha, han inyectado recursos para movilizar jóvenes bajo la bandera de lo “ciudadano”.
Incluso se menciona que se han ofrecido pagos para amplificar el movimiento en redes, usar influencers, generar contenido viral, utilizar bots y campañas digitales.
No es conspiración vaga: son acusaciones concretas. Así, lo que para muchos jóvenes puede sentirse como una causa noble puede ser, en realidad, parte de una estrategia política con fines electorales o de desgaste al gobierno actual.
Quienes marchan, a qué se exponen
Aquí radica el problema ético y social más profundo: muchas personas que salen a marchar no necesariamente están peleando una batalla propiamente suya. Jóvenes cansados de la inseguridad, ciudadanos indignados por la corrupción, se suman con toda la buena intención, pero podrían estar protagonizando un guion escrito por otros.
Pongo el foco en dos consecuencias graves:
Riesgo para su integridad. En el Zócalo hubo choques y al menos 120 heridos según reportes.
No todos los que marcharon comprendían el grado de politización de la convocatoria, y se expusieron sin saber realmente quién los estaba usando como peones.
Desinformación y confusión de los fines. El discurso viralizado por influencers y figuras con intereses partidistas puede presentar las demandas en un paquete atractivo: “justicia”, “destitución”, “seguridad”. Pero al desglosarlo, algunos puntos centrales son profundamente políticos: no solo se exige seguridad y reforma judicial, sino también cambiar el poder, decidir el destino de una presidencia, “elegir un sustituto sin intervención partidista” según algunas versiones del pliego petitorio.
Es decir, no es solo una protesta por la vida de Manzo, sino un intento de reconfigurar el poder.
La vulnerabilidad social frente al poder mediático
Lo que estamos viendo es una paradoja. En un país donde muchas personas tienen poca capacidad de incidencia política real por desigualdad, por marginación, por falta de educación cívica, los discursos bonitos en redes pueden seducir con facilidad. No es difícil convencer a jóvenes frustrados de salir a marchar cuando les dicen que su voz vale, que el cambio es posible, que pueden “despertar conciencia ciudadana”.
Pero ese reclamo genuino puede convertirse en mercancía. Cuando partidos con dinero y experiencia en campañas apuestan por influencers para mover masas bajo una narrativa de “autenticidad”, estamos frente a una forma contemporánea de manipulación política. Es eficiente: usan las redes, explotan el hartazgo, utilizan símbolos generacionales (la Gen Z, la cultura digital) para dar apariencia de frescura, mientras esconden detrás un plan calculado.
Más allá del espectáculo: consecuencias reales
No se trata de invalidar las protestas ni deslegitimar el dolor por la muerte de Carlos Manzo. Su asesinato es algo terrible, indignante, y exige justicia. Pero usar ese caso para construir un movimiento con agendas políticas ajenas puede debilitar su fuerza moral. Además, si no se define claramente quién promueve la movilización, sus orígenes y sus fuentes de financiamiento, se corre el riesgo de que la protesta devenga en espectáculo mediático más que en cambio estructural.
También existe el peligro de que mucha gente salga a arriesgarse (física, social y políticamente) sin entender la magnitud real de los objetivos que está apoyando o el precio que podría llegar a pagar. No es solo una marcha por justicia: hay una pugna política en marcha, y quienes usan la bandera de la “juventud indignada” pueden terminar como peones de intereses que no les representan.
Los movimientos sociales auténticos son vitales para cualquier democracia; la protesta es una herramienta legítima para exigir cambios, para visibilizar injusticias. Pero hoy, en la era digital, también es una herramienta muy atractiva para quienes quieren manipular la opinión pública. Los influencers, los algoritmos, las redes sociales se han vuelto poderosas palancas políticas.
Nosotros, como sociedad, debemos estar alerta: no podemos asumir que todo lo que se promueve como “ciudadano” lo es. No basta con marchar y gritar consignas, también debemos preguntarnos quién está detrás de esas consignas, quién las financia y con qué propósito. Y, sobre todo, no sacrificar nuestra integridad (física o moral) sin tener claridad de qué es lo que realmente estamos defendiendo.
Si queremos una juventud empoderada y no instrumentalizada, necesitamos fomentar más educación cívica, más pensamiento crítico digital y más transparencia en los movimientos que convocan. Porque en un país como México, la indignación es legítima… pero también puede ser usada, si no la cuidamos.
