NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES REDEFINE SANCIONES Y OBLIGACIONES EN EL USO DEL AGUA EN MÉXICO

El Gobierno de México dio a conocer el nuevo Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), una actualización que moderniza el marco jurídico para la administración, uso, control y protección del recurso hídrico en el país. Con estas modificaciones, se busca frenar prácticas irregulares, fortalecer la rectoría del Estado sobre el agua y garantizar un acceso más equitativo y sostenible para la población.
La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, establece que el agua es un bien nacional de dominio público, por lo que su uso, extracción y aprovechamiento solo pueden realizarse mediante concesiones o asignaciones otorgadas por la autoridad. El nuevo reglamento actualiza los requisitos para estos permisos, así como los criterios técnicos y ambientales que usuarios públicos, privados y agrícolas deben cumplir.
Entre los aspectos centrales del documento, se define con mayor precisión qué usos requieren autorización, se refuerzan los controles sobre extracción y descargas, y se incorpora un esquema más estricto de seguimiento ambiental y verificación. Asimismo, se establecen nuevas reglas en materia de calidad del agua, protección de cuencas, tratamiento de aguas residuales y preservación de cuerpos hídricos.
Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del régimen de sanciones. La normativa amplía el catálogo de infracciones y crea nuevos “delitos hídricos”, entre ellos extraer agua sin concesión, alterar cauces sin permiso, manipular medidores para ocultar consumo, o verter aguas residuales sin tratamiento. Dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden ir desde multas elevadas hasta la revocación de concesiones e incluso penas de prisión en casos que impliquen daño ambiental severo.
El objetivo principal, señalan autoridades federales, es frenar el acaparamiento del recurso, combatir el mercado ilegal del agua, evitar la sobreexplotación de acuíferos y fortalecer el derecho humano al acceso al agua. También se busca mejorar los mecanismos de transparencia, supervisión y corresponsabilidad entre gobierno, usuarios industriales, agropecuarios y municipios.
Sin embargo, diversos sectores han manifestado preocupaciones. Productores agrícolas consideran que las nuevas reglas podrían afectar la operación en zonas rurales, especialmente por la eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares, ahora sustituida por reasignaciones directas desde la autoridad. Organizaciones del campo afirman que algunas actividades comunes podrían verse criminalizadas si no se aclaran los criterios de aplicación.
Pese a las tensiones, el Gobierno federal sostiene que la actualización es necesaria ante la crisis hídrica que enfrenta el país y el volumen creciente de concesiones irregulares. Con el nuevo reglamento, se pretende construir un sistema más transparente, ordenado y sostenible para la gestión del agua a nivel nacional.