El auge de los patines eléctricos circulando sin placas, sin registro y sin control en las ciudades mexicanas no es un accidente ni una moda juvenil. Es una consecuencia directa de un sistema de transporte público insuficiente, rebasado y desconectado de la realidad cotidiana de millones de personas. Cuando el Estado no garantiza movilidad eficiente, segura y accesible, la ciudadanía improvisa soluciones, aunque estas existan en un vacío legal.
En México, particularmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, los patines eléctricos se multiplicaron en los últimos años porque permiten resolver trayectos cortos en menos tiempo, evadir rutas saturadas y reducir costos. Hoy, miles de personas los utilizan diariamente sin necesidad de placas, tarjeta de circulación o licencia, debido a que la ley los ha considerado durante años como vehículos de micromovilidad ligera. Este marco legal permitió que unidades capaces de alcanzar hasta 25 kilómetros por hora compartan espacio con peatones y automóviles sin un esquema claro de responsabilidad.
La falta de placas no es un detalle administrativo: es un problema estructural. Sin registro, no hay forma de identificar unidades involucradas en accidentes, delitos o daños a terceros. Sin licencia, no existe una evaluación mínima de conocimientos viales. Sin seguro obligatorio, las víctimas quedan en el abandono. El crecimiento de la micromovilidad ocurrió más rápido que la planeación urbana y más rápido que la voluntad política.
Los datos confirman que no se trata de un fenómeno menor. En América Latina, el uso de scooters y patines eléctricos creció más de 250 por ciento entre 2018 y 2023. En la Ciudad de México se registran más de un millón y medio de viajes anuales en estos dispositivos. Paralelamente, las cifras de accidentes aumentan, especialmente en zonas sin ciclovías, donde los usuarios se ven obligados a circular por banquetas o carriles vehiculares. La mayoría de los incidentes ocurre en horarios nocturnos y en vialidades mal diseñadas, lo que expone la fragilidad del entorno urbano.
Ante este escenario, el Estado reaccionó tarde. Apenas en 2025 se aprobaron reformas para crear la figura de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal, que contempla patines y scooters con la obligación de portar placas, contar con licencia y cumplir normas de seguridad. La pregunta no es si estas medidas son excesivas, sino por qué se permitió durante años que miles de vehículos circularan sin ningún tipo de control en ciudades ya colapsadas.
Sin embargo, el debate público suele desviarse. Se culpa al usuario del patín, se criminaliza la micromovilidad o se propone prohibirla, sin cuestionar el origen del problema. El verdadero conflicto no es que existan patines eléctricos sin placas, sino que el transporte público no cumple su función básica. En muchas zonas urbanas, trasladarse en camión, metro o combi implica largos tiempos de espera, hacinamiento, inseguridad y rutas ineficientes. Frente a eso, la micromovilidad aparece como una respuesta desesperada, no como una solución ideal.
El transporte sin placas es el reflejo de una ciudad que creció sin planeación, que priorizó al automóvil particular y que relegó la movilidad colectiva. Mientras no exista una red de transporte público digna, integrada y funcional, seguirán apareciendo alternativas informales que evidencian la incapacidad del sistema. Regular es necesario, pero no suficiente. Sin inversión, sin visión metropolitana y sin políticas de movilidad centradas en las personas, cualquier regulación será apenas un parche.
Los patines eléctricos no son el enemigo. Son el síntoma visible de una crisis que se ha normalizado: la de un país donde moverse se ha convertido en un acto de resistencia cotidiana.
Por: Angel Flores
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