Durante los últimos años, informes de agencias de seguridad nacionales e internacionales han documentado la presencia y operación de diversas organizaciones criminales en el estado de Hidalgo, pese a que autoridades estatales han señalado que la mayoría de los delitos son cometidos por grupos locales armados.
De acuerdo con evaluaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y reportes de seguridad federal, en la entidad se ha detectado actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste, este último considerado heredero de estructuras de Los Zetas. Estas organizaciones estarían vinculadas principalmente al narcomenudeo, tráfico de drogas sintéticas, extorsión y disputas territoriales.
A la par de estos grupos de alcance nacional, autoridades han identificado la operación de células delictivas locales que desempeñan un papel relevante en la dinámica criminal del estado. Entre ellas se encuentran agrupaciones como “Los H”, relacionadas con el robo de hidrocarburo, extorsión, homicidios y venta de drogas, particularmente en regiones como Tula–Tepeji, el Valle del Mezquital y zonas serranas.
Desde 2024, fuerzas de seguridad federales y estatales han desplegado operativos conjuntos que han derivado en cateos, detenciones y aseguramientos de armas, droga, vehículos y laboratorios clandestinos, así como infraestructura utilizada para la elaboración de drogas sintéticas y el almacenamiento de combustible robado.
Aunque informes internacionales ubican a Hidalgo dentro de la expansión territorial de cárteles de gran escala, el gobierno estatal ha sostenido que muchas de las actividades delictivas corresponden a grupos locales sin una estructura formal ni una vinculación directa permanente con organizaciones criminales nacionales.
Especialistas en seguridad señalan que la situación del estado responde a una reconfiguración del crimen organizado en el centro del país, donde grandes cárteles operan mediante alianzas con células locales para el control del narcomenudeo, rutas estratégicas, extorsión y robo de hidrocarburo, lo que ha incrementado la complejidad del panorama de seguridad.
Este contexto mantiene a Hidalgo como una entidad bajo observación constante por parte de autoridades federales, en medio de una estrategia que busca contener la expansión del crimen organizado y reducir la violencia asociada a estas estructuras.
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