PARIDAD SIN PUEBLO: CUANDO LA CUOTA SUSTITUYE A LA DEMOCRACIA

Por: Luis Roberto Flores Islas

Desde la izquierda hemos defendido históricamente la igualdad sustantiva, no como consigna vacía, sino como una herramienta para corregir desigualdades reales. Precisamente por eso resulta preocupante y hasta contradictorio que hoy se impulse en Hidalgo una propuesta que pretende que las candidaturas a gubernaturas sean exclusivamente para mujeres, como si la democracia pudiera reducirse a un filtro biológico-administrativo.

Porque una cosa es la paridad como piso democrático y otra muy distinta es la exclusión legal disfrazada de progreso.

La Constitución es clara: los cargos públicos deben estar abiertos a la ciudadanía en condiciones de igualdad. No dice “igualdad, pero solo si cumples con la categoría correcta del momento”. Convertir el género en un requisito absoluto para gobernar no solo es anticonstitucional, sino antidemocrático, pues sustituye la voluntad popular por una regla impuesta desde arriba, sin debate profundo ni consenso social.

Desde una perspectiva de izquierda popular no de escritorio la pregunta central no debería ser quién cabe en la cuota, sino quién conoce el territorio, quién ha caminado los barrios, quién entiende las necesidades del pueblo trabajador. Gobernar no es un acto simbólico; es una tarea compleja que exige preparación, experiencia y compromiso social. El pueblo no vive de gestos, vive de políticas públicas eficaces.

La paradoja es evidente: en nombre de la inclusión se termina por excluir. Y lo más grave es que esta lógica convierte las luchas históricas del feminismo en una herramienta burocrática, vaciada de contenido transformador. La igualdad no se decreta; se construye. No se impone; se gana con justicia social, educación, derechos laborales y acceso real al poder, no con candados electorales.

Si seguimos por este camino, no es descabellado imaginar un futuro cercano donde las boletas electorales parezcan formularios de recursos humanos: “Gobernatura 2036: solo para categoría X, subcategoría Y, versión actualizada”. No para garantizar derechos, sino para cumplir con la última moda normativa. La democracia reducida a un checklist.

Y ojo: no se trata de negar la diversidad ni los derechos conquistados que son legítimos y deben protegerse, sino de advertir el absurdo de creer que la representación se logra por decreto identitario, como si el pueblo fuera un problema administrativo que se resuelve con casillas y reglamentos.

La izquierda que vale la pena no reemplaza la lucha de clases por la lucha de etiquetas. No sustituye la justicia social por gestos simbólicos que tranquilizan conciencias, pero no transforman realidades.

Si de verdad queremos gobiernos feministas, populares y de izquierda, empecemos por garantizar condiciones reales de competencia,  erradicar la violencia política, democratizar los partidos y permitir que la mejor persona mujer u hombre sea elegida por el pueblo no por una regla que confunde igualdad con uniformidad.

Porque cuando la inclusión se vuelve obligatoria y excluyente, deja de ser inclusión y se convierte en otra forma de autoritarismo, esta vez con discurso progresista.