Por:Luis Roberto Flores
Cada año, el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles en México y en muchas partes del mundo para exigir igualdad, denunciar la violencia de género y recordar que aún existen profundas deudas sociales hacia las mujeres. Se trata de una fecha legítima, necesaria y con un enorme peso histórico. Sin embargo, dentro de algunas manifestaciones recientes, particularmente en México, ha surgido un fenómeno que ha comenzado a distorsionar el sentido original de estas movilizaciones.
En varias marchas ha cobrado notoriedad la presencia del llamado “bloque negro”, un grupo de manifestantes que actúa con el rostro cubierto y que suele adoptar tácticas de confrontación directa. Lo preocupante no es únicamente el daño a mobiliario urbano o edificios públicos —situaciones que ya de por sí generan debate— sino las agresiones que se han documentado contra personas que no forman parte del conflicto: hombres de la tercera edad, fotógrafos, reporteros e incluso ciudadanos que simplemente transitaban por la zona. En algunos casos se ha visto cómo estas personas son golpeadas, empujadas o cubiertas con pintura.
Este tipo de acciones termina por afectar gravemente la percepción pública de una causa que, en esencia, busca justicia y dignidad para las mujeres. Cuando la protesta se convierte en agresión indiscriminada, el mensaje central pierde fuerza y se transforma en un espectáculo de confrontación que desplaza la discusión de fondo.
El problema también tiene una dimensión social y cultural más profunda. En muchos casos, estos grupos parecen actuar bajo una lógica de identidad colectiva radicalizada, donde la pertenencia al grupo se vuelve más importante que la reflexión sobre los objetivos del movimiento. El anonimato del bloque, la estética confrontativa y la dinámica de grupo pueden generar una especie de fanatismo que diluye la responsabilidad individual. En ese proceso, algunas participantes terminan reproduciendo formas de violencia similares a las que originalmente se pretendía denunciar.
Paradójicamente, esta dinámica termina afectando a las mismas mujeres que el movimiento busca proteger. Las verdaderas víctimas de violencia mujeres que enfrentan abuso doméstico, feminicidio, acoso laboral o desigualdad estructural requieren atención institucional, políticas públicas eficaces, acompañamiento social y un debate serio sobre las causas profundas del problema. Cuando el foco mediático se centra en escenas de vandalismo o agresiones durante las marchas, esas discusiones quedan relegadas a un segundo plano.
Además, estas acciones generan un efecto contraproducente: alimentan la polarización social. Sectores que podrían simpatizar con las demandas del movimiento terminan distanciándose al observar conductas violentas que no distinguen entre responsables e inocentes. Así, el debate se transforma en un enfrentamiento entre bandos, en lugar de convertirse en una reflexión colectiva sobre cómo construir una sociedad más justa.
El feminismo, como corriente histórica de pensamiento y lucha social, ha logrado avances fundamentales en derechos civiles, políticos y laborales para las mujeres. Reducir esa tradición a actos de violencia callejera no solo es injusto, también empobrece una lucha que ha sido clave para la democracia contemporánea.
Por ello, el desafío actual consiste en recuperar el sentido profundo de las movilizaciones del 8M: la denuncia, la memoria y la exigencia de justicia. La protesta social es una herramienta legítima en cualquier sociedad democrática, pero su fuerza moral depende de su coherencia con los valores que defiende.
Cuando la violencia se vuelve protagonista, la causa pierde claridad. Y cuando se pierde la claridad, quienes más terminan pagando el costo son precisamente aquellas mujeres que todavía esperan que la sociedad escuche su dolor y responda con soluciones reales.
CUANDO LA CAUSA SE DISTORSIONA: EL PROBLEMA DEL RADICALISMO EN ALGUNAS MARCHAS DEL 8M
