QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE CLAUDIA SHEINBAUM Y POR QUÉ DESATÓ UNO DE LOS DEBATES POLÍTICOS MÁS FUERTES DEL SEXENIO

La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un intenso debate político en México al plantear cambios en el financiamiento de los partidos, la integración del Congreso y el funcionamiento de las autoridades electorales, con el argumento de reducir costos y modificar la representación política.

La iniciativa original, conocida como “Plan A”, planteaba una reforma constitucional para transformar varios elementos del sistema electoral. Uno de los puntos centrales era reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, un rubro que actualmente representa miles de millones de pesos cada año. Tan solo en 2024, el financiamiento público a partidos superó los 10 mil millones de pesos, sin contar los recursos destinados a campañas.

Otro de los cambios planteados era reducir el número de senadores de 128 a 96, así como modificar o eliminar el sistema de diputados plurinominales, mecanismo de representación proporcional que actualmente permite que partidos con menor votación tengan presencia en el Congreso.

La propuesta también incluía ajustes al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales, con el objetivo —según el gobierno— de evitar duplicidades administrativas y reducir el costo de las elecciones. México es considerado uno de los países donde organizar elecciones resulta más caro, ya que el sistema electoral completo puede costar decenas de miles de millones de pesos por proceso electoral.

Además, la iniciativa contemplaba nuevas reglas para las campañas políticas, entre ellas la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, así como mayores controles sobre el financiamiento y la fiscalización de los partidos.

Sin embargo, la reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados, ya que al tratarse de cambios constitucionales requería mayoría calificada (dos terceras partes del Congreso). En la votación se registraron 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lo que impidió su aprobación.

Un factor clave en el rechazo fue que algunos partidos aliados del bloque oficialista, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, no respaldaron completamente la propuesta, debido a que la eliminación o reducción de los plurinominales podría disminuir su representación política en el Congreso.

Tras este resultado, el gobierno federal anunció un “Plan B”, que busca impulsar cambios mediante leyes secundarias, lo que solo requiere mayoría simple en el Congreso.

Entre las medidas planteadas en esta segunda etapa se encuentran reducir el número de regidores en los ayuntamientos, establecer límites al presupuesto de congresos estatales, ampliar el uso de consultas populares para temas políticos y ajustar las reglas de revocación de mandato, permitiendo que este mecanismo pueda activarse en el tercer o cuarto año de gobierno.

El gobierno sostiene que estas medidas podrían generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos, principalmente al reducir estructuras políticas y gastos administrativos.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas por parte de analistas, organismos electorales y partidos de oposición. Entre las principales preocupaciones se encuentra que reducir los legisladores de representación proporcional podría afectar la pluralidad política, ya que ese sistema permite que partidos minoritarios tengan representación en el Congreso.

También se ha advertido que recortes al sistema electoral podrían limitar la capacidad operativa del INE para organizar elecciones confiables, fiscalizar campañas y garantizar equidad entre partidos.

Otros especialistas consideran que el Plan B tiene un alcance limitado, ya que al no modificar la Constitución solo permitiría cambios parciales al sistema electoral.

Más allá de los aspectos técnicos, el debate refleja una disputa política de fondo: mientras el gobierno sostiene que busca abaratar y simplificar el sistema electoral, la oposición argumenta que algunos cambios podrían favorecer al partido mayoritario y alterar el equilibrio político.

Por ello, la reforma electoral se ha convertido en uno de los temas más relevantes del panorama político nacional, al poner en discusión el costo, la estructura y la representación del sistema democrático mexicano.