¿DE VERDAD EL PETRÓLEO ES DE LOS MEXICANOS?

Por: Angel Flores

Durante décadas los mexicanos hemos escuchado una frase que con el paso del tiempo se convirtió en símbolo de identidad nacional: “el petróleo es de los mexicanos”. Desde la expropiación petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, esta idea ha sido repetida en discursos políticos, libros de texto y ceremonias oficiales como uno de los mayores actos de soberanía del país. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento la realidad económica y energética de México, surge una pregunta inevitable: si el petróleo pertenece a todos, ¿por qué sus beneficios no siempre se reflejan en la vida cotidiana de los ciudadanos?

La industria petrolera ha sido durante décadas uno de los pilares de las finanzas públicas mexicanas. En los años ochenta, por ejemplo, hasta el 40% de los ingresos fiscales del país provenían del petróleo, principalmente a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este recurso permitió sostener gran parte del gasto público, financiar programas sociales y mantener la estructura del gobierno federal. No obstante, el hecho de que el petróleo sea una fuente clave de ingresos para el Estado no necesariamente significa que esos recursos se traduzcan directamente en bienestar para la población.

México continúa siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad dentro de la OCDE, y en distintas regiones del país todavía persisten problemas relacionados con la pobreza energética y el acceso limitado a servicios básicos. Esta realidad genera una contradicción difícil de ignorar: un país con importantes recursos petroleros que, al mismo tiempo, enfrenta profundas brechas económicas y sociales.

La evolución de la producción petrolera también refleja los cambios que ha vivido la industria energética nacional. México alcanzó uno de sus niveles más altos en 2004, cuando la producción llegó a cerca de 3.4 millones de barriles diarios. Dos décadas después, la cifra ronda 1.6 millones de barriles diarios, lo que representa una caída superior al 50% en la producción. A pesar de esta disminución, el petróleo continúa siendo una pieza relevante dentro del presupuesto público.

A esta situación se suma otro factor que ha generado cuestionamientos dentro del debate energético: la dependencia en combustibles refinados. Aunque México es productor de petróleo crudo, más del 60% de las gasolinas que se consumen en el país se importan, principalmente desde refinerías de Estados Unidos. En términos simples, una parte del petróleo mexicano se exporta como materia prima y posteriormente regresa al país convertido en combustible, generalmente a un precio más alto.

El debate se vuelve aún más complejo cuando se observan algunos acuerdos energéticos recientes. En los últimos años, México ha enviado decenas de miles de barriles diarios de petróleo y combustibles a Cuba como parte de acuerdos de cooperación energética con el gobierno de la isla. En algunos periodos estos envíos han alcanzado cerca de 20 mil barriles diarios, un volumen que equivale aproximadamente al consumo de combustibles de una ciudad mexicana de tamaño medio.

Para algunos sectores, estas decisiones forman parte de la diplomacia energética que México ha mantenido históricamente con países de América Latina. Sin embargo, para otros surge un cuestionamiento inevitable, especialmente cuando el precio de la gasolina en diversas regiones del país supera los 23 pesos por litro.

Más allá de las posturas políticas, el verdadero debate gira alrededor de la forma en que se toman las decisiones sobre uno de los recursos más importantes del país. Aunque constitucionalmente el petróleo pertenece a la nación, en la práctica su administración y el destino de sus ingresos dependen del gobierno en turno y de las estructuras que controlan la industria energética.

El petróleo sigue siendo, sin duda, uno de los símbolos más poderosos de la soberanía mexicana. Pero también representa una de las discusiones más complejas dentro de la economía y la política nacional. Porque mientras la frase “el petróleo es de los mexicanos” continúa repitiéndose como parte del discurso histórico del país, muchos ciudadanos siguen preguntándose si esa riqueza realmente se traduce en beneficios palpables para la sociedad.

Tal vez el verdadero debate no sea quién es el dueño del petróleo en términos legales, sino quién decide realmente sobre él y cómo se distribuyen sus beneficios dentro de una nación que, al menos en el discurso, afirma que ese recurso pertenece a todos.