JUEZ FRENA ENTREGA OBLIGATORIA DE DATOS BIOMÉTRICOS PARA LA CURP

Un juez federal concedió una suspensión provisional que impide, por ahora, obligar a una persona a entregar datos biométricos como huellas dactilares o fotografía para integrar la nueva CURP biométrica, dentro de un juicio de amparo promovido contra la implementación de este sistema de identificación en México.

La resolución judicial no cancela el proyecto impulsado a nivel federal, pero protege temporalmente al ciudadano que promovió el amparo, mientras se analiza si la obligación de proporcionar estos datos vulnera derechos constitucionales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

La CURP biométrica forma parte de reformas a la Ley General de Población publicadas el 16 de julio de 2025, que buscan convertir la Clave Única de Registro de Población en un documento oficial de identidad con registro digital y elementos biométricos.

El modelo plantea incorporar huellas dactilares, fotografía facial y datos personales vinculados a registros oficiales, información que sería concentrada en una Plataforma Única de Identidad para validar la identidad de las personas en trámites gubernamentales y distintos servicios.

Sin embargo, el proyecto ha generado debate entre especialistas en derecho digital y organizaciones civiles, quienes advierten riesgos asociados a la concentración masiva de información sensible, como posibles filtraciones de bases de datos, robo de identidad o el uso de estos registros para sistemas de vigilancia.

Uno de los argumentos centrales de las impugnaciones es que los datos biométricos son irreversibles, por lo que si una persona los entrega y posteriormente la norma se declara inconstitucional, el daño a su privacidad no podría revertirse.

Por su parte, autoridades federales han señalado que la entrega de información biométrica no será obligatoria y que el sistema busca mejorar la identificación de personas, además de facilitar trámites oficiales y apoyar en tareas como la búsqueda de personas desaparecidas.

La suspensión concedida únicamente beneficia a la persona que promovió el amparo, pero el proceso judicial continuará. En las próximas etapas un juez deberá determinar si concede una suspensión definitiva, mientras se resuelve el fondo del caso, que incluso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.