HIDALGO EN LA MIRA: PACHUCA, MINERAL DE LA REFORMA Y OTROS PODRÍAN PERDER REGIDORES

Una propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B” ha encendido alertas en Hidalgo, donde varios de los municipios más importantes del estado podrían verse obligados a reducir el número de regidores en sus cabildos si la iniciativa avanza.

Entre los municipios señalados se encuentran Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tula de Allende, Tizayuca y Huejutla de Reyes, los cuales actualmente cuentan con hasta 19 regidores. La propuesta plantea establecer un máximo de 15, lo que implicaría la eliminación de entre cuatro y cinco posiciones en cada ayuntamiento.

El argumento central de la reforma es la austeridad: reducir el gasto público en los gobiernos municipales y redirigir esos recursos a servicios básicos como alumbrado, drenaje y obra pública. Sin embargo, el impacto no sería uniforme en todo el país.

A diferencia de lo que se ha difundido en algunos espacios, la medida no aplicaría de manera generalizada, sino únicamente en municipios con cabildos considerados “sobredimensionados”. Esto significa que mientras algunos ayuntamientos tendrían que reducir regidores, otros podrían mantener su estructura actual o incluso incrementarla, lo que ha generado cuestionamientos sobre la equidad de la reforma.

En Hidalgo, el tema ya comenzó a analizarse a nivel local. En Mineral de la Reforma, autoridades han reconocido que el ajuste es viable y que ya se evalúan sus posibles efectos financieros, lo que confirma que el debate ha pasado del plano político al administrativo.

Más allá del recorte, la propuesta abre una discusión más profunda sobre la representación política en los municipios. Reducir el número de regidores podría significar un ahorro económico, pero también implicaría menos espacios de representación ciudadana dentro de los cabildos.

Especialistas han señalado que el tamaño de los ayuntamientos no siempre es sinónimo de eficiencia o gasto excesivo, ya que también influye en la capacidad de representar la diversidad social y territorial de cada municipio.

Por ahora, el llamado “Plan B” aún no ha sido aprobado y requiere modificaciones constitucionales, por lo que su aplicación no sería inmediata. Sin embargo, el solo planteamiento ya ha comenzado a generar reacciones en distintos sectores políticos y sociales.

El escenario, de concretarse, podría modificar la forma en que operan los gobiernos municipales en Hidalgo y en otras entidades del país, al cambiar el equilibrio entre austeridad y representación.

Mientras tanto, la discusión continúa abierta: reducir regidores podría significar un ahorro para las arcas públicas, pero también plantea dudas sobre el impacto en la pluralidad y la toma de decisiones dentro de los ayuntamientos.

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