El gobernador Julio Menchaca Salazar confirmó que el Gobierno de Hidalgo contrató el arrendamiento de 200 patrullas por un monto total de 299.6 millones de pesos durante un periodo de 21 meses, bajo un esquema financiero que contempla un pago residual al final del contrato para que las unidades pasen a ser propiedad del estado.
De acuerdo con el mandatario, la decisión se tomó tras un análisis de costo-beneficio, en el que se consideró que el mantenimiento de este tipo de vehículos representa un gasto elevado para la administración pública, por lo que el modelo de arrendamiento permite trasladar esa responsabilidad a la empresa proveedora durante la vigencia del contrato.
“Es lo que más convenía a los recursos del estado”, señaló el titular del Ejecutivo, al tiempo que indicó que este mecanismo permite mantener operativa la flotilla sin realizar un desembolso inmediato de recursos públicos.
Según la licitación EA-913003989-N0022-2026, la empresa Sum Services S. de R.L. de C.V. fue la adjudicada para la entrega de 170 camionetas pick-up V8 doble cabina 4×4 y 30 vehículos sedán de cuatro cilindros, todos adaptados para funciones de seguridad pública.
En el proceso también participó la empresa Integra Arrenda S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., que presentó una propuesta económica por 10 millones 531 mil 774.99 pesos; sin embargo, fue descalificada al no cumplir con la entrega del documento denominado “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales”.
El contrato, al dividirse entre las unidades contempladas, representa un costo aproximado de 1.49 millones de pesos por patrulla durante los 21 meses de arrendamiento, cifra que incluye el uso de los vehículos, su equipamiento y el mantenimiento a cargo de la empresa.
No obstante, hasta el momento no se ha hecho público el monto del pago residual que deberá cubrir el estado para adquirir las unidades al término del contrato, ni las condiciones financieras completas del esquema, como tasas implícitas o valor final de los activos.
El gobernador explicó que este tipo de modelo no es nuevo en la entidad, al señalar que anteriormente se aplicó un esquema similar para la adquisición de helicópteros, los cuales fueron arrendados y posteriormente comprados mediante un pago residual de aproximadamente 5 millones de pesos cada uno, pese a tener un valor estimado de entre 6 y 7 millones de dólares.
Especialistas en finanzas públicas señalan que los esquemas de arrendamiento con opción a compra permiten distribuir el gasto en el tiempo y reducir la carga presupuestal inmediata; sin embargo, también pueden implicar un costo total mayor si no se transparentan los términos financieros completos.
En este caso, la falta de información sobre el pago residual y las condiciones del contrato impide conocer el costo final que representará para el estado la adquisición de las patrullas, así como comparar de manera directa este modelo frente a una compra tradicional.
El gobierno estatal sostuvo que la empresa adjudicada asumirá el mantenimiento de las unidades durante el periodo de arrendamiento, lo que, según la administración, representa un ahorro operativo y una ventaja logística para la Secretaría de Seguridad Pública.
El mandatario estatal reiteró que la decisión se tomó priorizando el interés público y asumió la responsabilidad del esquema adoptado, en un contexto donde la seguridad pública demanda unidades en condiciones óptimas y disponibilidad permanente.
El contrato se da en un entorno donde diversas entidades han optado por modelos similares de arrendamiento para equipamiento policial, con el objetivo de modernizar sus corporaciones sin comprometer de inmediato grandes cantidades de recursos.
Sin embargo, el caso de Hidalgo abre el debate sobre la transparencia y eficiencia de estos esquemas, particularmente en lo referente al costo total de los activos, la competencia en los procesos de licitación y la claridad en las condiciones de adquisición final.
PATRULLAS EN HIDALGO COSTARÁN 299.6 MDP; GOBIERNO ASEGURA QUE PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL ESTADO
