Cada 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Esta jornada busca celebrar la labor de los periodistas y resaltar la importancia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana.
Sin embargo, en la actualidad, esta conmemoración se encuentra envuelta en un contexto sombrío que exige una reflexión profunda sobre el estado de la libertad de expresión de nuestro país. Ya que para nadie es una sorpresa que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes en todos los ámbitos sociales de nuestro país, lo que no deja fuera a esta profesión.
Aunque la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, que ha sido consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y ser un derecho vital para cualquier régimen democrático, ya que permite la libre circulación de ideas e información, algo esencial para una participación ciudadana informada y la rendición de cuentas de los gobernantes. La realidad es que el poder expresar una opinión o verdad se ha convertido en una ruleta rusa para activistas, periodistas o cualquier persona que quiera dar su punto de vista, debido a los intereses políticos o delictivos que puedan llegar a afectar.
El panorama para los periodistas en México es desolador. Después de Afganistán, México se encuentra entre los países con mayor número de muertes de periodistas, convirtiéndose en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), desde 2012 hasta finales de 2023, se han registrado 88 asesinatos de comunicadores, de los cuales 37 han sido directamente relacionados con su labor periodística, según un informe conjunto de Amnistía Internacional y CPJ publicado en marzo de 2024.
Estas cifras alarmantes reflejan una realidad donde el poder expresar nuestra opinión se ha transformado en un privilegio que puede costar la vida. Las discrepancias en las cifras oficiales sobre periodistas asesinados entre distintas entidades, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), complican aún más la situación. Mientras la FEADLE reportó 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, con 30 de ellos relacionados con el ejercicio periodístico, la SEGOB contabilizó 166 asesinatos en el mismo periodo sin especificar cuántos estaban directamente vinculados a la labor de las víctimas.
Esta falta de claridad en las estadísticas y la coordinación deficiente entre entidades federales y locales representan un obstáculo significativo para implementar medidas de protección adecuadas. En un entorno donde la impunidad prevalece, los periodistas continúan trabajando en condiciones de riesgo extremo, poniendo en juego su vida para garantizar que la sociedad esté informada.
La conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México no puede limitarse a una celebración simbólica. Debe ser un llamado urgente a la acción para proteger a quienes se dedican a la noble labor de informar. Es imperativo que las autoridades mexicanas tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y que se establezcan mecanismos efectivos para la prevención y el castigo de los crímenes cometidos en su contra.
La libertad de expresión es un pilar para la igualdad de oportunidades y una nación libre y soberana y su protección debe ser una prioridad. Solo así podremos honrar verdaderamente a los periodistas que, con su valentía y compromiso, continúan defendiendo este derecho fundamental en medio de las adversidades, recordando que una sociedad informada puede crecer y dejar de vivir en la ignorancia.
Por: Angel Flores
