EL NUEVO ROSTRO DEL ACOSO LEGALIZADO
El grave fenómeno del acoso laboral en México, donde empresas presionan a sus empleados a renunciar para evadir el pago de indemnizaciones:
Cada hora, 12 personas en México abandonan su empleo como consecuencia del acoso laboral, presión y discriminación, según el Inegi. En 2022, esto representó 109 319 renuncias —el 3.4 % del total— muchas motivadas por amenazas, humillaciones constantes o agresiones físicas.
Un estudio de OCCMundial revela que 6 de cada 10 víctimas sufren estrés, ansiedad o depresión y que el 58 % renuncia sin denunciar, mientras solo el 5 % llega a hacerlo ante las autoridades. Durante el primer trimestre de 2024, las renuncias por condiciones peligrosas o acoso aumentaron 15 %, representando el 17 % del total.
No estamos hablando de inconvenientes aislados. En 2024, trabajadores del Instituto Hidalguense de las Mujeres denunciaron acoso continuo, llamadas fuera de horario, imposición de cargas injustas y uso de actas administrativas como chantaje, todo para obligarlos a renunciar por “voluntarios”. Esta estrategia deja a las víctimas sin indemnización: renuncian o no cobran.
Un caso emblemático, aunque por omisión del Estado y no de una empresa, fue el de la doctora Beatriz Hernández Ruiz en Progreso de Obregón, Hidalgo. Detenida y agredida por policías tras un accidente, se quitó la vida en el encierro policial en junio de 2021 . Su muerte desnudó el vínculo entre acoso institucional —incluido el laboral policial— y crisis psicológica terminal.
El impacto psicológico es devastador: enfermedades crónicas, ansiedad, depresión, desórdenes del sueño, burnout o irritabilidad son comunes. En casos extremos, las víctimas han atentado contra su vida o sufrido deterioro crítico de salud. De hecho, hay reportes en el sector salud y gobierno donde médicos residentes y trabajadoras renunciaron bajo amenazas o abandono de su bienestar mental .
Un testimonio en redes describe cómo a una trabajadora de PEMEX le anularon la residencia tras falsas acusaciones, situación que calificó como “violación de mis derechos laborales y despido injusto”.
Estas prácticas violan la Ley Federal del Trabajo (arts. 47, 51 y 132), y el Convenio 190 de la OIT (vigente en México desde julio de 2023) exige protocolos claros para prevenir el acoso. Sin embargo, la mayoría de empresas enfrenta con impunidad el proceso legal—muchas víctimas ni llegan a iniciar denuncias —por miedo, ignorancia o falta de recursos.
Diagnóstico real En Hidalgo y el país, urge un censo sobre acoso laboral —actualizar datos estatales y sectoriales— para orientar políticas.
Protocolos rígidos y sanciones No basta con tener manuales; deben aplicarse con seguimiento, sanciones reales y acceso a justicia gratuita.
Acompañamiento psicosocial Crear redes de apoyo con atención médica y psicológica pagada por el Estado o el patrón.
Defensa legal efectiva Reformar la conciliación para evitar que empresas usen estrategias dilatorias y obliguen a renunciar sin negociar liquidación.
Cultura organizacional Sensibilización permanente, capacitación para mandos y líneas directas anónimas pueden revertir ambientes tóxicos.
Porque las cifras lo exigen: casi una cuarta parte de la población trabajadora ha enfrentado acoso, y las mujeres sufren especialmente violencia psicológica, discriminación o agresiones sexuales En Hidalgo, la omisión pública permite que el abuso laboral, e incluso institucional, quede impune, creando un caldo de cultivo para tragedias humanas.
Obligar a alguien a renunciar para no pagar indemnización no es una política empresarial; es una agresión laboral encubierta. Provoca sufrimiento, pobreza y, en casos extremos, muerte. La solución debe ser de Estado: reforzar las leyes, proteger a las víctimas, castigar a los acosadores y cambiar la cultura laboral. No más muertes silenciadas, no más renuncias forzadas.
Por: Luis Roberto Flores Islas
cumbresdehidalgo.com.mx 