MÁS DE 4 MIL 600 PROVEEDORES QUEDAN FUERA DEL PADRÓN ESTATAL TRAS DEPURACIÓN EN HIDALGO

Un total de 4 mil 668 registros de proveedores perdieron vigencia en Hidalgo luego de concluir el proceso de actualización derivado de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado.

La medida forma parte de una depuración del Padrón Estatal de Proveedores, que busca mantener información actualizada sobre las empresas que participan en procedimientos de contratación con dependencias estatales y municipales.

De acuerdo con datos oficiales, al cierre de 2025 el padrón contaba con 8 mil 440 registros. Sin embargo, la reforma estableció una vigencia de dos años para las inscripciones, por lo que los proveedores debían realizar un trámite de actualización para conservar su registro.

Tras concluir el plazo establecido el pasado 15 de junio, únicamente 2 mil 155 proveedores realizaron el proceso de canje o actualización correspondiente, mientras que 4 mil 668 registros dejaron de tener efectos legales.

Además, las autoridades reportaron la existencia de 283 registros cancelados y mil 656 bajas acumuladas. Como resultado de este proceso, el Padrón Estatal de Proveedores quedó integrado por 2 mil 237 registros vigentes al 17 de junio de 2026.

Durante la revisión se detectaron registros con varios años de antigüedad, algunos sin actualizar desde 2015 y sin documentación reciente que acreditara actividad empresarial vigente.

El procedimiento de actualización incluyó la revisión de diversos elementos, entre ellos posibles conflictos de interés, coincidencias entre domicilios o representantes legales, acreditación de trabajadores registrados ante el IMSS y la comprobación de que las empresas cuentan con actividad económica real y capacidad operativa.

Las autoridades señalaron que el padrón es de observancia obligatoria para dependencias estatales, organismos descentralizados y ayuntamientos, por lo que mantener una base de datos actualizada es un elemento clave para los procesos de contratación pública.

La depuración busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las adquisiciones gubernamentales, así como reducir riesgos relacionados con registros desactualizados o empresas que no acrediten actividad económica vigente.

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