Por: Angel Flores
Hay profesiones que implican grandes responsabilidades. Los médicos tienen en sus manos la vida de sus pacientes; los bomberos arriesgan su integridad para salvar a otros; los policías enfrentan diariamente situaciones de alto riesgo. Sin embargo, existe otra profesión cuya labor es igual de indispensable para una sociedad democrática y que, paradójicamente, suele ejercerse con muy pocas garantías: el periodismo.
En teoría, la función de un periodista es sencilla: investigar, contrastar información y contar los hechos tal como ocurrieron. En la práctica, hacerlo en México puede significar enfrentar amenazas, persecución, campañas de desprestigio, agresiones físicas y, en el peor de los casos, perder la vida.
El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido recientemente en Oaxaca, volvió a sacudir al gremio. Leyva era conocido por sus críticas al poder político local y por denunciar temas sensibles en sus espacios de opinión. Su muerte no representa únicamente la pérdida de un comunicador; representa otro golpe al derecho que tenemos todos los mexicanos de conocer la verdad.
Con este caso, ya son siete periodistas asesinados en México durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión. La cifra, por sí sola, resulta alarmante, pero adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa el panorama completo: desde el año 2000 han sido asesinados al menos 181 periodistas en el país, convirtiendo a México en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión fuera de una zona formal de guerra.
Lo más grave es que estos números han dejado de sorprendernos. Cada nuevo asesinato ocupa titulares durante algunos días, genera condenas de autoridades y organizaciones internacionales, pero conforme pasan las semanas el tema desaparece de la conversación pública mientras otro periodista vuelve a convertirse en víctima.
Y es precisamente ahí donde radica uno de los mayores problemas. En México no solo se asesina a periodistas; también se asesina información. Se silencian investigaciones sobre corrupción, desvío de recursos, vínculos entre autoridades y grupos criminales, abusos de poder o cualquier tema que afecte intereses políticos y económicos. Cuando un periodista deja de publicar por miedo, pierde la sociedad completa.
Sin embargo, la violencia es solo una parte del problema. Existe otra realidad menos visible, pero igual de preocupante: la precarización de la profesión.
A diferencia de lo que muchas personas imaginan, ejercer el periodismo en México pocas veces garantiza estabilidad económica. Miles de reporteros trabajan como colaboradores independientes, cobran por nota publicada o dependen de varios empleos para completar un ingreso suficiente. En numerosos medios locales los salarios apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas y, en muchos casos, los periodistas laboran sin seguridad social, sin prestaciones, sin seguro de vida y utilizando incluso sus propios vehículos, cámaras, computadoras y teléfonos para realizar coberturas.
Es decir, además de enfrentar riesgos físicos, una parte importante del gremio también enfrenta incertidumbre laboral. Resulta contradictorio que quienes tienen la responsabilidad de vigilar al poder y mantener informada a la ciudadanía sean, al mismo tiempo, uno de los sectores más vulnerables en materia de condiciones de trabajo.
La impunidad agrava todavía más el problema. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado que la enorme mayoría de los asesinatos contra periodistas permanece sin resolverse. Cuando los responsables no reciben castigo, el mensaje es claro: ejercer violencia contra quienes informan sigue siendo un delito con muy pocas consecuencias.
Y esa realidad no distingue entre un periodista de un medio nacional o quien trabaja en un pequeño portal digital de una comunidad. Casos recientes como los de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Josué Martínez Contreras, Alex Serna, Roxana Guzmán, Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdez y Juan David Gámez demuestran que el riesgo alcanza prácticamente a cualquier persona que decide investigar asuntos incómodos.
La tecnología ha permitido que hoy cualquiera pueda crear un medio digital o transmitir información desde un teléfono celular. Lo verdaderamente difícil no es publicar; lo difícil es hacerlo cuando la información afecta intereses poderosos y no saber si esa investigación traerá consecuencias personales.
Vale la pena preguntarnos qué clase de democracia queremos construir si quienes tienen la tarea de cuestionar al poder viven con miedo. Porque el periodismo no debería depender del valor individual de cada reportero, sino de instituciones capaces de garantizar que nadie sea perseguido por informar.
Defender a los periodistas no significa proteger a una profesión por encima de otras. Significa defender el derecho de todos los ciudadanos a conocer la realidad de su país. Una sociedad mal informada toma malas decisiones; una sociedad silenciada deja de exigir cuentas; una sociedad que pierde a sus periodistas termina perdiendo también una parte de su democracia.
Hablar con la verdad nunca debería convertirse en un acto de valentía. Mucho menos en un riesgo de muerte. Mientras contar lo que ocurre siga costando amenazas, miedo o la vida, México tendrá una deuda pendiente no solo con quienes ejercen el periodismo, sino con todos los ciudadanos que merecen vivir en un país donde la verdad pueda contarse sin consecuencias.
EL COSTO DE CONTAR LA VERDAD EN MÉXICO
